¿Funciona la estrategia regulatoria de Trump?

Fte. Financial times

Desde que asumió el poder, la administración Trump empezó a remodelar la forma en que se aplican y evalúan las normas y regulaciones sobre todo tipo de aspectos, desde la negociación de acciones a la minería y la seguridad alimentaria. Su objetivo es liberar al pueblo estadounidense de la carga que supone el papeleo innecesario. Gracias a ello, se están eliminando dos regulaciones por cada una nueva que se implementa, y se exige a las agencias que consigan una reducción neta de los costes regulatorios totales.En abril, la administración fue más allá, dando nuevos poderes de supervisión a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios y a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés) sobre todas las nuevas normas propuestas, aportando, asimismo, documentos que orientan sobre cómo aplicarlas.Estas decisiones no podrían haber llegado en mejor momento.

A finales de 2017, el coste total sólo de la regulación financiera ascendía a casi dos billones de dólares anuales, según el Competitive Enterprise Institute, o unos 6.000 dólares por persona, y al 10% del producto interior bruto de EEUU.Sus esfuerzos se están traduciendo en una reducción sustancial del estado regulatorio. En 2017, la administración Trump añadió 3.281 normas al Registro Federal, el número más bajo desde que se iniciaron los registros en la década de 1970. En los 23 primeros meses de la administración, emitió un 40% menos de regulaciones en comparación a sus dos predecesores en el mismo periodo de tiempo. Retiró o aplazó 1.579 normas de la administración Obama. La OMB calcula que esto ha reducido el presupuesto regulatorio federal en 33.000 millones de dólares.

Reformas como estas rara vez captan gran atención, pero están cambiando el entramado de la redacción de las normas. La administración Trump está incorporando un análisis económico más robusto y dando poderes a los reguladores para que optimicen la supervisión. Esto cambia los incentivos dentro de las agencias reguladoras, reduciendo los costes para las empresas estadounidenses.Dado que los cambios en la regulación no son el único factor que afecta al conjunto de la economía, resulta imposible evaluar el impacto a corto plazo sobre empresas o industrias específicas. Pero creo que el cambio en la política regulatoria está teniendo un efecto innegable sobre la economía en estos momentos.

Tras la crisis financiera de 2008, EEUU registró una de las recuperaciones económicas más lentas de su historia. Los salarios permanecieron estancados y el número de personas que requirió la ayuda de programas de vales de comida se disparó a niveles récord. Durante el mismo periodo, la administración Obama impuso nuevos costes regulatorios por valor de más de 100.000 millones de dólares anuales, según Heritage Foundation. En 2016, cerca de un 74% de los fabricantes estadounidenses informaron de la existencia de un "clima empresarial desfavorable".

Dos años después de la llegada de la administración Trump, sólo el 18,5% de los fabricantes estadounidenses denunciaron una situación similar. Asimismo, en 2016, el 64% de los fabricantes se mostraba optimista con respecto a la economía, cifra que subió al 92% el año pasado, un máximo de 20 años. La tasa de desempleo de EEUU está cerca de mínimos de 50 años, y la confianza de los consumidores registra su nivel más alto en casi dos décadas.

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