Miles de asesores de empresas, bajo control por la ley antiblanqueo

Fte. El periódico

En torno a 10.000 profesionales especializados en asesorar empresas deben inscribirse desde este mes en un registro oficial para eludir sanciones de hasta 60.000 euros. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado una instrucción que contiene todos los formularios legales para la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas que prestan servicios profesionales. Estos requisitos legales se imponen en cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo.

Bajo epígrafe intimidador y expectativas recaudatorias, la nueva normativa ha causado críticas en los colectivos afectados, al considerar que adolece de falta de claridad y amenaza con establecer inseguridad jurídica entre los posibles afectados. Según el presidente de los fiscalistas del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Nacho Cornet, el texto de la normativa «ha sido poco claro», ya que «el concepto por cuenta de terceros para denominar los servicios prestados no es del todo acertada, ya que los servicios que prestan auditores, contables externos o asesores fiscales se presentan, en general, en nombre propio». Para Cornet, la obligación registral solo debería ser exigible cuando se prestan los servicios por «interposición», es decir, cuando los servicios se prestan como fiduciario (por cuenta de la sociedad).

Pese a todo, algunos registradores mercantiles se han decantado por la interpretación literal de la norma, por lo que la obligación afecta a cualquier asesoría contable, fiscal o a servicios de auditoría. 

La arbitrariedad de los registradores públicos empezó a causar cierta «inquietud» ya este verano, coincidiendo con el final del plazo del depósito de las cuentas de las empresas. Algunos registros oficiales, como el de Alicante o Granada, han llegado a especificar que la obligación es para «prestadores de servicios por cuenta de terceros», pero la mayoría de registros no se han pronunciado y remiten al texto oficial de la normativa sin más aclaraciones.

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